El Colegio de Podología exige a la Generalitat regularizar la atención podológica de las residencias públicas tras un año sin respuesta institucional
- El ICOPCV denuncia que la Generalitat lleva más de un año sin responder a sus peticiones de reunión y reclama la publicación anual de los concursos públicos para garantizar una atención segura a las personas mayores.
Valencia 16 de julio de 2026.- El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha denunciado la situación de bloqueo institucional que mantiene la Conselleria de Bienestar Social con la profesión podológica y ha advertido de que la ausencia de concursos públicos para adjudicar los servicios de podología en las residencias públicas impide garantizar que las personas mayores estén siendo atendidas por profesionales debidamente habilitados.
Desde la llegada de la actual junta de gobierno hace un año, el Colegio ha solicitado hasta en tres ocasiones una reunión con la Conselleria para abordar esta problemática y todas las peticiones han quedado sin respuesta.
“La falta de interlocución está impidiendo solucionar un problema que afecta directamente a la calidad asistencial de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad“, ha denunciado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.
El Colegio ha explicado que las residencias públicas de la Comunidad Valenciana tienen la obligación de contratar el servicio de podología mediante concursos públicos, un procedimiento que garantiza la igualdad de oportunidades entre profesionales, la transparencia administrativa y la calidad asistencial. Sin embargo, según ha informado el ICOPCV, estos concursos llevan años sin convocarse.
“Actualmente existen 16 residencias públicas de la Generalitat que deberían licitar estos servicios —dos en Castellón, cinco en Alicante y nueve en Valencia—, pero la falta de convocatorias ha provocado que la prestación del servicio se realice sin la regularización que exige la normativa. Estamos hablando de un servicio sanitario que no puede gestionarse al margen de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia“, ha subrayado Maite García, miembro de la junta directiva del ICOPCV.
Por otro lado, desde el Colegio se ha resaltado que su principal preocupación no es únicamente la situación administrativa, sino las consecuencias que puede tener para la seguridad de los pacientes porque durante estos años se han encontrado casos de personas que prestaban asistencia podológica sin estar colegiadas.
“Cuando no existe un procedimiento público y reglado, tampoco existen garantías suficientes para comprobar que quien atiende a los residentes reúne todos los requisitos legales para ejercer la profesión“, ha advertido.
En España, la colegiación es obligatoria para ejercer y constituye una garantía para los pacientes, ya que acredita la titulación oficial del profesional, su cobertura de responsabilidad civil y el sometimiento al control deontológico del Colegio profesional.
Además, el ICOPCV ha recordado que esta problemática ya fue abordada en 2021 con la propia Administración autonómica, cuando ambas partes acordaron impulsar una circular que regularizara la contratación del servicio y garantizara la publicación de los correspondientes pliegos públicos. Sin embargo, como ha denunciado la actual junta de gobierno, dicho compromiso nunca llegó a materializarse.
Tras esperar durante más de un año una respuesta por parte de la Conselleria, el Colegio ha decidido hacer pública la situación para reclamar una solución definitiva.
Ante esta situación, el ICOPCV solicita a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha de un plan de actuación que incluya la celebración urgente de una reunión institucional, la creación de plazas públicas de Podología en aquellos recursos donde sean necesarias, la publicación anual y transparente de los concursos públicos para la prestación del servicio de podología en las residencias públicas, la incorporación progresiva del podólogo a la Atención Primaria del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana, la elaboración de un calendario de actuaciones para regularizar definitivamente la situación.
“Las personas mayores constituyen uno de los colectivos con mayor incidencia de patologías podológicas y que una atención especializada resulta esencial para prevenir caídas, úlceras, infecciones y complicaciones derivadas de enfermedades como la diabetes”, ha enfatizado el presidente del ICOPCV.
“No estamos reclamando un privilegio para la profesión, sino garantías para los pacientes. Las personas mayores que viven en residencias públicas tienen derecho a saber que quien cuida de sus pies es un podólogo legalmente habilitado y seleccionado mediante un procedimiento transparente“, ha concluido Maite García.
Más información:
Patricia Berzosa
Prensa ICOPCV * T.658 810 015 * prensa@icopcv.org