- Todas clínicas las clínicas podológicas están cerradas, por lo que los ingresos son inexistentes y éstas no están incluidas en el Real Decreto de estado de alarma, por lo que no hay cobertura para este sector sanitario que puede ser uno de los más devastados a nivel económico por la presente crisis sanitaria
El Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha solicitado ayuda a la Federación Valenciana de Municipios (FVM) para que los profesionales de la Podología puedan sumarse a las ayudas, condenación o congelación a nivel tributario que se establezca en cada municipio de la Comunidad Valenciana.
“Los podólogos nos sentimos absolutamente desamparados pro el Gobierno central y por eso hemos solicitado a la Federación Valenciana de Municipios que en las ayudas, condonación o congelación a nivel tributario que se establezca en cada localidad queden incluidos los podólogos para que, como autónomos o pymes, puedan beneficiarse de estas medidas de urgencia y así paliar los efectos de la pérdida de la actividad económica”, ha declarado Maite García, presidenta del ICOPCV.
“Recordemos todos que las clínicas están cerradas, por lo que los ingresos son inexistentes y éstas no están incluidas en el Real Decreto de estado de alarma, por lo que no hay cobertura para este sector sanitario que puede ser uno de los más devastados a nivel económico por la presente crisis sanitaria”, ha continuado Maite García.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha tras no haber recibido todavía respuesta de la Generalitat Valenciana ni del Gobierno central a su petición de ordenar el cierre inmediato de los centros de podología ante la actual situación de estado de alarma. El objetivo es evitar la propagación de los contagios y dejar de ofrecer un servicio para el que no cuentan con las garantías para ofrecerlo de forma segura porque las intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente.
Además, un tercer motivo es que al no ordenarse el cierre de estos centros y debido a que el 90% de los profesionales de este sector trabajan de forma privada han quedado en estado de una indefensión a la hora de poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, determine el Consejo de Ministros y la Conselleria de Sanitat.